El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia
argentina. En esa fecha las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el
gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María
Estela Martínez de Perón. Del mismo modo destituyeron a los gobernadores
de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas
Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y
anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos
políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la
vida democrática.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
La Constitución Nacional –es decir, la ley de leyes de la República Argentina–, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
